Cuatro jóvenes discapacitadas denunciaron abuso en un taller de Caritas en Merlo

Las chicas denunciaron los abusos cometidos por Celso Benítez, policía retirado y marido de la directora de la institución en la diócesis de Merlo-Moreno, Rosa María López. El acusado las perseguía y les regalaba peluches y chupetines para engañarlas y poder perpetrar los abusos.

El taller, que depende del Obispado de Merlo – Moreno, funciona frente a una plaza y es el refugio de 55 personas con todo tipo de discapacidad: visual, motriz, auditiva, cognitiva, e incluso con patologías psiquiátricas.

“Recibí una llamada de la terapista ocupacional, que me comunicó que Jimena, una de las chicas, le había hablado de un abuso sexual. Y que señalaba a ese señor”, recuerda Norma. “Hablé con Jimena. Ella tiene un problema en su oralidad, de manera que le pedí que escribiera”, explica Norma Lugo, especialista en discapacidad y coordinadora del taller.

Los relatos de las jóvenes coinciden en la forma de proceder del acusado: les hablaba al oído, las encerraba en salones, las manoseaba y en ocasiones les obsequiaba chupetines u ositos de peluche: “Él estaba al acecho, evidentemente. Caritas se comunica con la casa del taller por una puerta, y él las llevaba allí, al edificio vecino, a un despacho”, relató Norma.

La coordinadora le informó a la esposa del acusado y al obispo Fernando Maletti que realizaría la denuncia en la fiscalía Norma también le comunicó a la esposa del acusado que iba a hacer la denuncia: “Ni por un momento pensé en pedirle autorización, solamente le dije lo que iba a hacer”, señala.

Como medida preventiva mientras se desarrollaba la investigación, el obispo ordenó que Benítez no se acercara al taller, pero el hombre hizo caso omiso y aparecía por el lugar. Actualmente, el hombre tiene una restricción perimetral dictada por un juez, pero está pronta a vencer, por lo que tanto las chicas como Norma tienen miedo de lo que pueda suceder.

Por otra parte, Norma asegura que desde el obispado le dicen: “ya hiciste suficiente, ahora que se ocupen en tribunales. Si causan problemas, cerramos el taller”, por lo que teme que la desplacen y las chicas queden sin protección.

“Ellas son mujeres y tienen una discapacidad. Son el último orejón del tarro. Nos llenamos la boca hablando de sujetos de derechos, pero nadie las escucha”, recrimina Norma.

Las víctimas actualmente reciben la atención y contención de profesionales del municipio.

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